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El Poder Ejecutivo emitirá un decreto supremo que obligará a las entidades del Estado a reservar, como mínimo, el 40 por ciento de sus compras a las micro y pequeñas empresas (mype) del país. Jorge Villasante, señaló que deberán reservar obligatoriamente un nivel de compras para las mype cuando se trate de bienes y servicios que pueden proveer y que ya han sido identificados como, por ejemplo, la producción de calzado.
Pero ¿que tan efectiva será éste Decreto Supremo?
Si bien es cierto el Decreto Supremo Obligará a las entidades estatales a consumir más a las mypes, de tal modo que realizan indirectamente una Actividad de Fomento, en la que el Estado mismo será el conductor de éste proyecto ya que hará más confiables a las mypes, probando la calidad de bienes y servicios que éstas provean.
Pero si observamos bien la procedencia de la norma por salir, nos daremos cuenta que quien la realiza es el Ministerio de Producción y no del PCM. Es decir que no ha habido una coordinación entre el Ministerio de Producción con el Ministerio de Economía y Finanzas, sabiendo bien que dentro éste último se encuentra adscrito el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) que como menciona en su página es: "el organismo rector del sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado que promueve la gestión eficiente, eficaz y transparente de la Administración Pública, en beneficio de entidades estatales y privadas, de la sociedad y del desarrollo nacional."
Ahora la gran pregunta es ¿surgirá efectos el Decreto Supremo? ¿se convertirá en Letra muerta? Pues sabiendo que ese decreto supremo a sido propuesto por el Ministerio de Producción y no por el Organismo Competente, que en éste caso es el PCM, puede haber conflictos y no respetar el D.S. por parte del OSCE siendo éste último el Organismo Competente para velar por el cumplimiento de normas en materia de contrataciones y adquisiciones del Estado.
Por: Jonathan R. García Enriquez
Practicante de Derecho
Estudio Martin Abogados
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