Monday, May 22, 2017

¿Por qué son ineficientes las inversiones cofinanciadas? [José-Manuel Martin Coronado]

Senior Partner
EMAE. Estudio Martin Abogados & Economistas

Aquél que crea que la diferencia entre la inversión privada y la inversión pública es sólo el origen de los fondos, no puede entender las complejidades de la interacción y comportamientos del estado y el Sector Privado. En otras palabras, las inversiones cofinanciadas no son simplemente inversiones x% financiadas con dinero privado y 1-x% financiadas con dinero público. Hay algo más. 

En primer lugar, la ideología. Mientras que el sector público no tiene la finalidad de maximizar la utilidad financiera de la operación, presente o intertemporalmente, el sector privado sí. Esto significa que cada Sol o Dólar que aporte no sólo debe ser recuperado, sino también debe dar un rendimiento mejor a las otras alternativas con riesgo similar. Si bien es cierto que muchos desean que la empresa privada tenga una finalidad social o pública en ese extremo, eso es más un ideal que una realidad, por lo que no podemos ser tan ingenuos.

Luego, los retornos esperados. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no tiene la prerrogativa de un banco de inversión, sino la de un gestor de riesgos. Dicho de otro modo, el objetivo no es tanto maximizar los retornos, sino minimizar los costos. Matemáticamente puede ser equivalentes, pero en la práctica son objetivos distintos. Así, el Estado preferirá minimizar riesgos que puedan generar sobrecostos a los inicialmente planeado, lo cual no implica maximizar el ingreso ni la utilidad, por lo menos no de manera directa y/o voluntaria. 

En tercer lugar, se encuentra la forma de ejecutar los contratos. Por un lado, el Estado tiene los clásicos problemas de poder contar con personal calificado a un sueldo razonable y un personal no calificado sin riesgos laborales; y por otro el sector privado tiene la finalidad de optimizar la productividad de sus recursos, desde el punto de vista de los costos "reales" que afecten el margen de ganancia "oficial" y "extraoficial".

Y, por último, la cofinanciación podría incrementar la intensidad de la relación de intermediación entre el funcionario público y el representante de la empresa privada, dado que resulta claro que ese proyecto no se podrá hacer si no goza de una aprobación presupuestaria pública con una supuesta rigurosa evaluación de riesgos financieros, la cual no se dará sin ciertos incentivos. 

Por tales motivos, esta intersección entre agentes es más allá que un simple pool financiero o crowdfunding, ya que implica una participación activa (más o menos) de ambos en un proyecto de inversión con diversos riesgos y variados escenarios de rentabilidad, con posiciones muy distintas pero en aras de combinar esfuerzos tratarán de hacer a un lado, a veces de modo muy artificial. 

En consecuencia, pueden haber dos tipos de inversiones cofinanciadas. Aquellas que estén plagados de ineficiencias internas por culpa del Estado o bien aquellas que estén corroídas por ineficiencias externas por culpa del choque entre el comportamiento empresarial privado con el contexto externo (laboral, medioambiental, entre otros). 

Así, en cualquier de los dos casos, las inversiones cofinanciadas tienen mayor probabilidad de ser ineficientes que equilibradas o bien estructuradas. Y si a eso le agregamos los recientes problemas de corrupción que se generan inevitablemente al momento de la interacción entre el público y el privado, por culpa del bid-rigging y el rent-seeking, entonces debe realmente evaluarse se conviene seguir en este camino y esperar 5 o 10 años más para enterarnos de la gran corrupción generada en un gobierno determinado. 

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