Wednesday, January 31, 2018

Protegiendo al consumidor atentando contra la competitividad [MARTIN, J.M.]

El tema de la fusión de cadenas de farmacias sigue los medios de prensa. Esto ha tenido impacto en la actividad legislativa, puesto que ya se está discutiendo el proyecto de Ley antimonopolios (ex-ante), y ahora ha salido otra propuesta de regular los inventarios de medicamente genéricos en el mercado de farmacías. 

La regulación económica es un arma de doble filo, puesto que cuando se realiza apresuradamente o con fines extra-económicos, puede generar consecuencias no intencionadas, pero más negativas que las que quiere prevenir o atenuar. Una de las herramientas más delicadas es la regulación de inventarios.

Los antecedentes en la regulación de precios o inventarios mínimos y máximos no es buena cuando el principal objetivo es de corte populista, por lo que a menos que los proyectos antes indicados se analicen desde un enfoque técnico, las consecuencias negativas no tardarán mucho en llegar. 

En muchos casos, un débil análisis puede forzar a que el presunto excedente del consumidor que se desea proteger término siendo pérdida de eficiencia social, por cuanto la empresa tampoco va desear, ni tendría porque aceptar, la perdida de sus excedentes.No puede pretenderse defender al consumidor, dañando al empresario, por cuanto este último tiene otras herramientas y flexibilidad suficiente para obtener nuevas formas de excedente. 

Por ello, el principal problema estará en cuán flexible es la estructura de costos de las farmacias y cuales son las metas de ganancias, dado que si éstas no son flexibles, cualquier intento de regulación generará estrategias de "evasión" de las normas legales, dejando inútil el intento de proteger al consumidor. 

Es decir, que la regulación de un inventario mínimo de genéricos sólo será eficaz si es que es relativamente cercado a los inventarios previstos por las farmacias, en caso contrario estas podrían tener una afectación a su margen de ganancia que buscarán recuperar ya sea reduciendo los costos (usualmente trabajadores) y incrementando los precios, justamente lo que se desea evitar. 

Lo que se debe hacer es empoderar más el sistema actual, otorgar más infraestructura y personal a indecopi para que analice con mayor rapidez y alcance los posibles riesgos inminentes de afectación al consumidor, mediante la metodología de investigación ex-post; y no ex-ante ni intervencionista por cuanto es más susceptible a un pensamiento políticamente subjetivo. 

EMAE, Abogados & Economistas
Lima, 31 de enero de 2018

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